LA INSPECCIÓN DE TRABAJO LOCALIZA 56 TRABAJADORES SIN CONTRATO EN DOS FINCAS DE SANTAELLA
De este grupo de trabajadores, 42 son extranjeros y el resto españoles, algunos de ellos están cobrando una pensión de jubilación o el subsidio de desempleo.
Fuente: Juan RUZ para El Día de Córdoba.
Desde los sindicatos y desde la Administración ya avisaron que se extremarían los controles para evitar que los trabajadores que acuden a la campaña del ajo en Santaella lo hagan de forma irregular, y parece que ha funcionado. Y es que la Inspección de Trabajo ha localizado en dos fincas santaellanas a 56 trabajadores –42 extranjeros y 14 españoles– que realizaban labores de recogida de ajo en condiciones laborales ilegales, sin ningún tipo de contrato. Los técnicos de la inspección localizaron a estos trabajadores ayer por la mañana, según confirmó el subdelegado del Gobierno en Córdoba, Jesús María Ruiz.
En una de las fincas inspeccionadas, del total de personas que se encontraban trabajando en ese momento, 27 lo hacían en situación ilegal y, de ellas, nueve eran de nacionalidad rumana, diez magrebíes y ocho españoles. Ninguno de estos 27 trabajadores tenía contrato e incluso entre los españoles había algún jubilado y alguna persona que percibía el subsidio de desempleo. Los extranjeros contaban con visado para permanecer temporalmente en España, pero no tenían permiso de trabajo.
En la inspección de la otra finca, los técnicos localizaron a 29 trabajadores en esa misma situación ilegal, seis de ellos españoles y 23 extranjeros. El subdelegado del Gobierno recordó que este control se incluye en el programa puesto en marcha por la Inspección en colaboración con la Guardia Civil y los ayuntamientos, a los que se les ha pedido la máxima cooperación.
Se trata, dijo Jesús María Ruiz, de "evitar que se produzcan contrataciones ilegales en el campo", especialmente de extranjeros, para "evitar abusos, injusticias y el efecto llamada", sobre todo cuando se está consolidando el proceso de regularización. El subdelegado indicó que en la campaña del ajo se están realizando estas inspecciones como se hizo con la de la aceituna y precisó que ya se comunicó a las cooperativas y a los ayuntamientos que "no se iba a tolerar" que se cometieran esos abusos. Ruiz subrayó el "muy importante" régimen sancionador establecido para este tipo de conductas, que alcanza los 6.000 euros por trabajador.
De momento, Trabajo ha abierto expedientes a los empresarios y a los trabajadores, si bien no se han producido detenciones. Al menos una de las fincas está localizada en la parte sur del término municipal santaellano, en los sectores regables de la zona Genil-Cabra.
El alcalde de Santaella, el socialista Francisco Palomares, señaló que desconocía que se hubiera desarrollado una actuación de este tipo en el término municipal, si bien dijo que entendía que este tipo de operativos deben realizarse "con la mayor cautela y precaución posible". El regidor precisó que "es competencia exclusiva" del Gobierno la actuación en materia de seguridad laboral, así como de control de la inmigración ilegal, si bien pidió un esfuerzo a la sociedad y a las administraciones para "evitar situaciones sancionadoras indeseables para cualquiera; pero también dirigidos a evitar conductas que provoquen asentamientos ilegales de trabajadores temporeros, efectos llamada y situaciones de habitabilidad extrema", precisó el regidor en un comunicado.
No obstante, la situación en Santaella difiere mucho de la de otras campañas de ajos, ya que la superficie cultivada este año se ha reducido sensiblemente. Los problemas en esta localidad de la Campiña Sur comenzaron hace tres años con la llegada masiva de temporeros a los que no había capacidad de atender. Francisco Palomares indicó que, además de la merma en la superficie sembrada, los propios trabajadores se organizan ahora de otra manera y buscan viviendas donde poder alojarse durante la campaña.
Algunas centrales sindicales ya avisaron hace casi dos meses que haría un seguimiento exhaustivo de la campaña del ajo "denunciando todo abuso y contratación de inmigrantes irregulares".
En una de las fincas inspeccionadas, del total de personas que se encontraban trabajando en ese momento, 27 lo hacían en situación ilegal y, de ellas, nueve eran de nacionalidad rumana, diez magrebíes y ocho españoles. Ninguno de estos 27 trabajadores tenía contrato e incluso entre los españoles había algún jubilado y alguna persona que percibía el subsidio de desempleo. Los extranjeros contaban con visado para permanecer temporalmente en España, pero no tenían permiso de trabajo.
En la inspección de la otra finca, los técnicos localizaron a 29 trabajadores en esa misma situación ilegal, seis de ellos españoles y 23 extranjeros. El subdelegado del Gobierno recordó que este control se incluye en el programa puesto en marcha por la Inspección en colaboración con la Guardia Civil y los ayuntamientos, a los que se les ha pedido la máxima cooperación.
Se trata, dijo Jesús María Ruiz, de "evitar que se produzcan contrataciones ilegales en el campo", especialmente de extranjeros, para "evitar abusos, injusticias y el efecto llamada", sobre todo cuando se está consolidando el proceso de regularización. El subdelegado indicó que en la campaña del ajo se están realizando estas inspecciones como se hizo con la de la aceituna y precisó que ya se comunicó a las cooperativas y a los ayuntamientos que "no se iba a tolerar" que se cometieran esos abusos. Ruiz subrayó el "muy importante" régimen sancionador establecido para este tipo de conductas, que alcanza los 6.000 euros por trabajador.
De momento, Trabajo ha abierto expedientes a los empresarios y a los trabajadores, si bien no se han producido detenciones. Al menos una de las fincas está localizada en la parte sur del término municipal santaellano, en los sectores regables de la zona Genil-Cabra.
El alcalde de Santaella, el socialista Francisco Palomares, señaló que desconocía que se hubiera desarrollado una actuación de este tipo en el término municipal, si bien dijo que entendía que este tipo de operativos deben realizarse "con la mayor cautela y precaución posible". El regidor precisó que "es competencia exclusiva" del Gobierno la actuación en materia de seguridad laboral, así como de control de la inmigración ilegal, si bien pidió un esfuerzo a la sociedad y a las administraciones para "evitar situaciones sancionadoras indeseables para cualquiera; pero también dirigidos a evitar conductas que provoquen asentamientos ilegales de trabajadores temporeros, efectos llamada y situaciones de habitabilidad extrema", precisó el regidor en un comunicado.
No obstante, la situación en Santaella difiere mucho de la de otras campañas de ajos, ya que la superficie cultivada este año se ha reducido sensiblemente. Los problemas en esta localidad de la Campiña Sur comenzaron hace tres años con la llegada masiva de temporeros a los que no había capacidad de atender. Francisco Palomares indicó que, además de la merma en la superficie sembrada, los propios trabajadores se organizan ahora de otra manera y buscan viviendas donde poder alojarse durante la campaña.
Algunas centrales sindicales ya avisaron hace casi dos meses que haría un seguimiento exhaustivo de la campaña del ajo "denunciando todo abuso y contratación de inmigrantes irregulares".
posted by Rafael del MORAL at 7:08 AM
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